En Murcia, a diecisiete de Julio de dos mil siete.

S.Sª. Iltma. TERESA RIZO JIMENEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número once de esta Ciudad, vistos los presentes autos de juicio verbal número 400/2007 sobre resolución de contrato de arrendamiento y reclamación de rentas, seguidos a instancia de Don Fernando G. L., representado por la Procuradora Doña Ana-Leonor Sempere Sánchez y asistido por la Letrada Doña Soledad Cuartero Fuentes; contra Don José Luis M. M., declarado en rebeldía; ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente

PRIMERO.- La Procuradora Doña Ana Leonor Sempere Sánchez en nombre y representación de Don Fernando G. L. interpuso demanda de juicio verbal contra Don José Luis M. M., demanda que por turno ha correspondido a este Juzgado y en la que se ejercita acción de resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas.

Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, y terminó con la súplica de que se dictara sentencia por la que se declare resuelto el contrato de arrendamiento suscrito por las partes sobre la vivienda sita en Edificio Zafiro Calle Mayo numero 88 2º E de El Palmar (Murcia) 30.120, condenando al demandado a pagar las deudas contraídas con mi mandante en concepto de rentas y consumos de agua y luz más los que adeude hasta el momento en que se produzca el desahucio dejando en su día y dentro del plazo legal la vivienda vacua, libre y expedita y a disposición del demandante, con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada, señalándose día y hora para la celebración de la vista con citación de ambas partes. Al acto del juicio compareció la representación y defensa de la actora y al no hacerlo el demandado, fue declarado en situación de rebeldía procesal. Abierto el acto, la actora se ratificó en su demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba, la actora propuso prueba documental, la cual fue admitida, quedando los autos sobre la mesa para dictar sentencia.

PRIMERO.- Se ejercita en la demanda la acción resolutoria prevista en el articulo 27.2.a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 por impago de rentas, y acumulada a ella, la de reclamación de dichas rentas adeudadas en razón del contrato de arrendamiento.

En la acción de resolución de la relación arrendaticia por falta de pago, la distribución de la carga probatoria se traduce en la necesidad de que el arrendador acredite la existencia del contrato de arrendamiento mientras que el arrendatario ha de acreditar la satisfacción de las rentas en el modo pactado contractualmente.

SEGUNDO.- Si bien la rebeldía del demandado no implica allanamiento ni reconocimiento tácito de las pretensiones ejercitadas por la parte actora, recayendo igualmente sobre ésta, de conformidad con el art. 217.2 de la LECn, la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, lo cierto es que dicha rebeldía va acompañada de una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor y una menor rigurosidad en la valoración de la prueba aportada por éste, evitando así que en caso contrario la rebeldía voluntaria se convierta en una cómoda defensa para el demandado.

En el presente caso, y a la luz de la distribución de la carga de la prueba puesta de manifiesto en el fundamento de derecho anterior, la actora, mediante la aportación a los autos del contrato de arrendamiento como documento nº 1, ha venido a acreditar el hecho constitutivo de su pretensión y no constando en autos prueba alguna del pago de las rentas pactadas, es de estimar la demanda accediendo a la resolución contractual y al desahucio así como a la reclamación de las rentas pendientes de pago.

TERCERO.- Dispone el art. 220 de la LECn que cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte. En el caso que nos ocupa, habiéndose solicitado la condena al pago de la deuda pendiente al tiempo de la interposición de la demanda y de las rentas que se fueran devengando con posterioridad, el objeto de la condena incluirá la cantidad de 2198 euros, como importe de las rentas vencidas y no pagadas al tiempo de la interposición de la demanda (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2006; y Enero, Febrero y Marzo de 2007 a razón de 314 euros mensuales); el de 402,67 euros en concepto de agua y luz devengados hasta la interposición de la demanda; el de 1256 euros como importe de las rentas que se han devengado durante la tramitación del procedimiento hasta el dictado de esta sentencia (desde Marzo a Julio de 2007, ambos incluidos); los gastos de agua y luz devengados hasta la fecha de esta sentencia que, según facturas ascienden a 79,77 euros; y las rentas y cantidades asimiladas que se devenguen con posterioridad a esta resolución hasta que se produzca el desalojo voluntario mediante entrega de llaves o en su caso, hasta el lanzamiento.

CUARTO.- Establece el articulo 1.100 del Código Civil que "incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación", añadiendo el articulo 1.108 del mismo texto que "si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal".

QUINTO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el art. 394.1 de la LECn, al haberse estimado la demanda, serán de cuenta de la parte demandada.

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Ana Leonor Sempere Sánchez en nombre y representación de Don Fernando G. L. contra Don José Luis M. M., declarado en rebeldía, debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento que es objeto de este proceso sobre la vivienda sita en Edificio Zafiro Calle Mayo numero 88 2º E de El Palmar (Murcia) 30.120 condenando al demandado a desalojar el inmueble arrendado, apercibiéndoles de lanzamiento que tendrá lugar en fecha 22 DE OCTUBRE DE 2007 A LAS 11.30 horas, si no lo hiciera voluntariamente, y condenándole igualmente a abonar a la parte demandante la cantidad de tres mil novecientos treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (3.936,44 euros) en concepto de rentas y cantidades asimiladas hasta el dictado de esta sentencia; así como al pago de las rentas y cantidades asimiladas que se devenguen con posterioridad al dictado de esta sentencia hasta el desalojo voluntario mediante entrega de llaves o hasta el lanzamiento; más los intereses legales desde la interposición de la demanda hasta su completo pago, con expresa imposición de costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma pueden preparar por escrito en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir de su notificación del cual conocerá la Iltma. Audiencia Provincial de Murcia.

Inclúyase la presente en el libro de sentencias poniendo en las actuaciones certificación de la misma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.